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| Sonia Castedo y Enrique Ortíz |
Y allí, en Alicante,
estaba ese día un Alberto Fabra que volvió a decir que en las listas del
PP no habrá sitio para ningún imputados, pero no se atreve a sacar a quien ya
está imputada. Con la flexibilidad que caracteriza a su línea roja Fabra traga hoy con lo que dice que es inadmisible para mañana.
No se entiende, a no ser por el temor a perder más votos en ese futuro si la
imputada Castedo hace realidad la amenaza de montar su propio partido. En
Castelló Alfonso Bataller no amenaza con tanto, de hecho no amenaza nada,
pero está en idéntica situación que su colega de Alicante: imputado y pese a
ello al frente de la alcaldía llevando con pulso firme el rumbo de la ciudad, será
por su auto publicitada titulación de patrón de yate.
Más cerca de Fabra, en les
Corts Valencianes, su presidente Juan Cotino es otro personaje que anda quemándose estos días, pero no acaba de
arder en el fuego eterno de la dimisión, siempre ejemplarizante, o el cese
mucho más humillante. Tras aparecer cómo donante en los papeles de Bárcenas
vuelve a tener problemas con la familia, con el sobrino Vicente quien se
lamentaba ante el mismo empresario, Enrique Ortíz, de que tras el cese de tío
como conseller iban a acabarse algunas concesiones. Es lo que tiene la familia,
que siempre espera regalos… sea o no Navidad.
Es injusto señalar que el
fuego purificador de la renovación ética sólo debe actuar en nuestra comunidad.
La corrupción no conoce de siglas, territorios, ni identidades nacionales. En Tarragona
la Guardia Civil detuvo al alcalde de Torredembarra, (CiU) y a seis concejales,
a los que acusa de varios delitos contra la administración pública. En Valladolid
la Policía Judicial registró el despacho del jefe del Mantenimiento por su
implicación en una trama de concesión de contratos a empresas vinculadas a su
familia que podría superar los 11 millones de euros. En Murcia el juez ha imputado
al delegado del Gobierno (PP) por un caso de corrupción urbanística al permitir
el proyecto de construcción de un complejo turístico en terrenos protegidos junto
al Mar Menor. En Sevilla se ha detenido a sindicalistas de UGT y a empresarios
por un presunto fraude en los cursos de formación. La ex ministra socialista Magdalena
Alvárez ha dimitido finalmente de su millonario puesto en el BCE por su
imputación en el caso de los ERE de Andalucía… por traer sólo cinco ejemplos de
los últimos cuatro días.
Hay más y hay casos en los
que no se puede hablar de corrupción, pero que indignan igualmente al personal.
La revelación de que varios eurodiputados españoles suscribieron un ventajoso
plan privado de pensiones a una Sicav radicada en Luxemburgo es la última gota
en un vaso que no parece rebosar nunca. Willy Meyer, cabeza de lista por
IU, ha dimitido por ello: le honra, pero no le exime por una práctica que había
demonizado. Los otros ‘europensionados’, desde la socialista Elena
Valenciano al popular Cañete pasando por Rosa Díez, miran
hacia otro lado y defienden una legalidad que nadie cuestiona, pero callan
sobre una moralidad que pocos niegan.
Pasa también con los
últimos acontecimientos que marcan la actualidad de la familia del Rey, que ya
no la Casa Real. De las prisas por aforar al ex rey Juan Carlos I, mediante
una enmienda exprés a la ley de racionalización del sector público, a las ganas
nada disimuladas de la fiscalía y la Agencia Tributaria por ejercer de abogados
defensores y dejar fuera del juicio por el caso
Noos a su hija Cristina, la hermana.
Puede ser todo legal, que lo es, pero no puede ser que quieran que la gente se crea eso de que la justicia es igual para todos... por mucho que lo diga (también) el nuevo Rey ó su porquero.

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