Hace ya diez años

Retenciones en la A7 (Foto: El MUNDO de Castellón)

En su libro “España, capital Paris” (Editorial Destino, 2010), una obra clave para entender qué está pasando -y porqué- con las conexiones ferroviarias y terrestres en el arco mediterráneo y en el resto de la periferia española, el catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona, Germà Bel, recuerda que ya en 1962 el Banco Mundial indicó en su informe “El desarrollo económico de España” que “La única carretera importante de nueva construcción que sería necesaria en un futuro inmediato es la autopista de Levante, a lo largo de la costa del Mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Murcia”. Una apreciación que, por cierto, sigue de vigente actualidad transcurrido ya más de medio siglo desde que fuera formulada.

Siete años después de ese informe y todavía en el franquismo, en 1969, se inauguró el tramo Barcelona-Granollers de la Autopista del Mediterráneo y a partir de es fecha se  fueron sucediendo las entradas en servicio de los diferentes tramos... hasta el pasado 2007 en que se puso en marcha la circunvalación de Alicante. Habían pasado 45 años  desde que el Banco Mundial hablara en 1962 de la necesidad de contar con esa vía en el plazo de un “futuro inmediato”. Hoy, en 2016, esa autopista sigue dando qué hablar; como no ha dejado de hacer desde incluso antes de su construcción.

Aquí en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en la provincia de Castellón, se ha convertido en un eje vertebrador del tráfico por carretera en ambas direcciones, y en fuente constante de titulares periodísticos. No sólo por su elevada siniestralidad, que también, sino por la polémica que le acompaña desde el primer día a propósito de una concesión que se ha ido prorrogando en el tiempo para mayor gloria y beneficio económico de AUMAR, la empresa hoy controlada por Abertis que la explota desde julio de 1971. Hagamos memoria: La primera concesión contemplaba un plazo de explotación de 27 años que vencía en 1998, pero todos sabemos por experiencia propia que continúa vigente y lo estará como mínimo durante dos años más, hasta 2019. Eso ha sido posible gracias a las tres prórrogas que Aumar ha recibido de los sucesivos gobiernos de UCD (en 1981-1982 una prórroga de 6 y 4 años más, hasta 2004), del PSOE (en 1986 por sólo dos años más hasta 2006) y la más polémica de todas por su duración y por la fuerte oposición que planteó la sociedad civil: la que concedió el PP en 1997 por un periodo de 13 años y que alargó el plazo de explotación hasta 2019. De cumplirse esa fecha limite para la liberalización definitiva, que todo parece indicar que así será, Aumar habrá explotado la AP-7 por un periodo de 48 años frente a los 27 previstos inicialmente... que no está mal.

Colas en la CV-10 (Foto: diario MEDITERRÁNEO)

En la concesión de esa última y excesiva prórroga jugó un papel decisivo el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien intercedió ante José Mª Aznar en favor de una prórroga rechazada mayoritariamente por la sociedad valenciana. Zaplana “vendió” las bondades de su acuerdo con Aumar argumentando una rebaja de los peajes de entre el 30% y el 40%  y la inversión de 5.000 millones (entonces aún eran pesetas) en diversas obras de mejora. Pero hubo otras “concesiones” entre las que destaca la construcción de un acceso directo en Benidorm desde la AP-7 a “Terra Mítica”, la gran obra de Zaplana con la que quedaba inaugurado el pantano de los grandes proyectos y los saraos que han acabado por arruinar a esta comunidad tras los años aquellos de prosperidad mal entendida y peor gestionada. Los años del saqueo.

Hoy se acabó felizmente el tiempo del saqueo, aunque éstos siguen siendo días de cabreo. Y mucho. En un ámbito más general por el ninguneo del gobierno central a una comunidad mal financiada que aporta al Estado como si jugara en la Champions League pero que recibe de éste como si compitiera en Tercera División; sí, la del CD Castellón. Una comunidad que tan sólo en la última legislatura ha dejado de recibir inversiones por valor de dos mil millones de euros. Algunos de ellos, sólo algunos, podrían destinarse a compensar el agravio y evitar la desvergüenza que significa que el gobierno en funciones de Mariano Rajoy -el mismo que mantiene ese déficit inversor y la infrafinanciación- exija a través de Fomento que el Consell colabore en financiar el gasto que comportaría liberar la AP-7 entre Castelló y  Sagunto.

Y es que hoy, como siempre, la autopista sigue dando que hablar. Ya saben los motivos: Tras años de abandono las obras de mejora en el firme la A7 a su paso por  La Vall coinciden en el tiempo con el caos que se vive en el servicio de cercanías de RENFE y con el maltrato a los usuarios por las obras del tercer carril y del AVE. Ante ello hay un grito unánime en esta provincia, al que se han sumado incluso Javier Moliner e Isabel Bonig, que exige la liberalización temporal de la AP-7 para descargar una N-340 que no da más de sí y para hacer más fácil la vida a los miles de conductores que transitan cada día entre Castelló y Valencia. Y la respuesta de Madrid no pudo ser más decepcionante: que lo paguemos con nuestro dinero, con ese que no nos envían.

Es entonces cuando algunos recuerdan que la AP-7 podría estar libre de peajes desde 2006, hace ya diez años, si Zaplana y el PP no hubieran prorrogado la concesión trece años más. Será hasta el 2019 y, la verdad, son muchos años para seguir viviendo este calvario... o los que se vendrán. Que siempre vienen...

Publicat al "Levante de Castelló", 22 d'Octubre de 2016