La misma cosa son

Como mucho en un par de meses tengo cita con la Agencia Tributaria para hacer la declaración de la renta. Este año será fácil comprobar el borrador: Sólo hay que ver si los ingresos declarados en el mismo coinciden con las prestaciones por desempleo que he percibido en el último ejercicio fiscal. Fácil, verdad. Es una de las pocas ventajas de estar en el paro. Cómo cada  año el funcionario que me ayude a rellenar la declaración responderá con amabilidad a todas mis dudas. Imagino que esta vez no será una excepción cuando le pregunte por la casilla 106 en la que se me requiere si deseo destinar un 0,7 por 100 de la cuota íntegra “a los fines sociales previstos en el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio”. Quiero saber si en el citado Real Decreto figura el Partido Popular, o cualquier otro partido político, como una de las entidades perceptoras de esos fines sociales.

Entiendo que la mía es una duda más que razonable. Sobre todo después de leer el contenido del informe que la Agencia Tributaria remitió al juez Ruz cuando éste les requirió a propósito de la posible responsabilidad del PP por no declarar en el Impuesto de Sociedades las donaciones que recibió en el ejercicio 2008 y que el PP destinó a la reforma (en negro) de su sede de la calle Génova y a financiar varias campañas electorales. En total 888.000 euros por los que Hacienda dejó de ingresar 220.167,04 por el Impuesto de Sociedades lo que, de confirmarse, supondría un delito fiscal. Pero no. El informe exime al PP de toda culpa al afirmar que ha quedado acreditado que las donaciones que recibió fueron a fines propios de un partido político -como es pago de actos electorales y obras en inmuebles del partido- con lo que "con independencia de su origen", cumple con el fin de interés general "un bien jurídico protegido por la exención fiscal".  Y va más allá, al añadir que el único requisito legal para la aplicación de la exención es que los fondos se dediquen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro "como puede ser un partido político, Cáritas o la Cruz Roja", por lo que el beneficiario de la exención "es el conjunto de la sociedad". Un eficiente inspector de Hacienda, Rogelio Menéndez, asesor del ministro Montoro y hermano del director de la Agencia Tributaria, es el autor del informe que exculpa al partido del gobierno y que llegó a los medios de comunicación antes que al juez que lo había solicitado.

Un documento que nos revela una gran novedad. Aquel viejo eslogan de que “Hacienda somos todos”, ideado por Paco Fernández Ordóñez y que pervive en el imaginario colectivo de este país desde 1.977, adquiere hoy  una nueva dimensión: También “El PP somos todos”. La consideración de que el beneficiario de la exención del dinero no declarado a Hacienda por el PP "es el conjunto de la sociedad” se puede explicar de forma más clara: el informe de la Agencia Tributaria viene a decirnos que cuando en Génova se reparten sobres en negro es cómo si nos dieran el aguinaldo a todos, da igual quien sea el perceptor, y cuando se reforma el despacho de Bárcenas es cómo si nos reformaran gratis el cuarto de baño a cualquiera de nosotros. Vamos, que descubrimos ahora otra de las grandes mentiras que el PSOE ha venido alimentando durante décadas: Hoy sabemos que Génova-13 es la verdadera Casa del Pueblo de todos los españoles y no las agrupaciones del PSOE cómo nos habían hecho creer hasta ahora los socialistas.

Llegados a este punto las dudas que se nos plantean, además de rellenar o no la casilla 106 del Modelo Padre en la próxima declaración de la Renta, son varias: Sí para Hacienda el Partido Popular es como Caritas, ¿Puede ser Mariano Rajoy la versión nacional de nuestro altruista Padre Ricardo? ¿Y María Dolores de Cospedal y Ana Mato, son las nuevas chicas de la Cruz Roja? Otras identidades serían mucho más fáciles de convenir. Nadie puede negar que el papel de Sor Citroën está reservado para Esperanza Aguirre, por sus demostradas habilidades al volante. Y en todo caso es seguro que el ex conseller Rafael Blasco sería la Madre Teresa de Calcuta... por aquello de su abnegado servicio en la cooperación con el tercer mundo.

Dejar de declarar 880.000 euros y defraudar 220.000 al fisco no es ningún delito por el bien social a los que los destinó un partido político que, como todos sabemos, tiene el mismo objetivo de servicio público que Cáritas o la Cruz Roja. Nada que objetar. Mientras el Tribunal Supremo sigue con lo suyo y revisa una sentencia de la Audiencia Nacional para condenar con tres años de cárcel a los manifestantes que impidieron ejercer su trabajo a otros políticos… y por tanto simples representantes de otras ONG’s según la actual doctrina de la Agencia Tributaria.

Puede que Hacienda y el PP seamos todos, pero no a todos se nos aplica la misma justicia. O sí, y aún no nos hemos enterado… como nos ha pasado con eso de que PP y Cáritas la misma cosa son.


Publicat al Levante de Castelló el  21 de Març de 2015