El futuro de los Fabra

El último abrazo (en público) de los Fabra, dos días antes que Carlos F se sentara en el banquillo.

En su día la noticia de que Rita Barberá había decidido retirar su coche particular del parking del ayuntamiento de Valencia, donde lo había dejado aparcado cuando llegó a la alcaldía hace veintitrés años, dio pie a todo tipo de conjeturas: Descartada la transacción entre particulares en alguna de las plataformas de compra-venta de segunda mano, lo más lógico era pensar que quisiera ponerlo a punto para pasar la ITV y volver a usarlo una vez se bajara del coche oficial; ese en el que lleva subida las últimas décadas. Pero va a ser que no, a lo mejor la alcaldesa sólo cambia de coche oficial y tan sólo se limitó a dejar la plaza libre para el futuro inquilino del despacho de la alcaldía de la ciudad de Valencia. Puede ser que para ella el partido tenga otros planes, quien sabe.

Esos planes que hace unos días la propia Rita Barberá repasó en persona con el presidente Mariano Rajoy en un bis a bis en La Moncloa que se prolongó por espacio de tres horas. Una larga, y sobre todo publicitada, reunión que levantó múltiples interpretaciones sobre el futuro político de la propia Rita Barberá y, sobre todo, el del ausente Alberto Fabra. Cuesta entender que para repasar la actualidad política de cualquier comunidad el presidente del gobierno escoja como única interlocutora a una alcaldesa –por mucho peso que tenga, que realmente lo tiene- y no a su presidente autonómico. A no ser, claro está, que éste apenas tenga peso en el partido ó que el tema a tratar sea, precisamente, el destino que aguarda al afectado. Algo nada descartable a tenor de las sucesivas encuestas negativas y, sobre todo, ante el recorrido judicial que puede seguir el caso Valmor que salpica de lleno al presidente Fabra.

Desconozco si Rita Barberá puso en antecedentes al presidente, pero yo les cuento: En los años de vino y rosas que regaron la paranoia de grandeza del ex-presidente Francisco Camps, éste reunió a un banquero de la casa, José Luis Olivas (Bankia), a un ex piloto de éxito Jorge Martínez ‘Aspar’, y a un empresario afín, Fernando Roig, para que montaran desde el ámbito de la empresa privada una sociedad, Valmor Sport, que pudiera contratar con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, la celebración de carreras en las calles del Cap i Casal. Pensat i fet.

Roig, Olivas, Jorge Martínez 'Aspar' y Camps (Foto EL PAIS)

Años después, y tras contraer una deuda de catorce millones de euros con la administración autonómica, la justicia investiga hoy la adquisición por la Generalitat Valenciana en 2012, con Alberto Fabra ya en la presidencia, de Valmor Sport por la simbólica cantidad de un euro… más, claro está, la liquidación de la millonaria deuda y la exoneración de la responsabilidad civil de los ex gestores de Valmor. La denuncia de EU a la fiscalía pretende esclarecer si fue la Generalitat Valenciana y no Valmor Sport quien corrió con los gastos de organización de esas carreras y el resto de fastos. Vamos, que los jueces dirán si hemos pagado entre todos la ruina que nos dejó los paseos en Ferrari de Rita y Camps y las aventuras empresariales de sus ‘amigos’.
De ello deberá responder el presidente Fabra, que firmó la compra de Valmor, si, finalmente, la fiscalía solicita su imputación y el juez le llama a capítulo. Fabra podría quedar atrapado en su propia línea roja. En el PPCV confían que esa situación no se producirá, pero no se acaban de fiar. Ya vieron a otro ex presidente sentado en el banquillo e incluso al compañero, Jaume Matas, entrar en prisión. Así las cosas el futuro de Alberto Fabra, sobre el que nadie en la cúpula del PP se quiere pronunciar en público, parece cada vez más imprevisible.

No pasa lo mismo con el ‘otro’ Fabra. Su futuro parece más previsible a tenor de las últimas actuaciones judiciales: Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y, de momento, tan sólo la incomprensible comprensión hacia su persona mostrada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, al decretar la suspensión del cumplimiento de la pena mientras se tramita el indulto, hace que siga en la calle. Una realidad que a la Fiscalía Anticorrupción, como a la abogacía del Estado, a la acusación particular, y a la mayoría de los vecinos de Castelló, les parece un gran despropósito. La fiscalía va más allá y habla de “alarma social” y de un “uso fraudulento” del mecanismo del indulto. Son palabras mayores y, aunque dichas en el tono y el verbo adecuado, quieren decir lo mismo que en la calle se escucha con mucha más vehemencia.

La credibilidad en la justicia, uno de los pilares del estado de derecho, es lo que está en juego. Un componente muy importante de eso que ahora llaman desafección cuando siempre se llamó cabreo. Que así está la gente…

Publicat al 'Levante de Castelló' el  20 de setembre de 2014